Reforma al INFONAVIT enfrenta a empresarios y Gobierno; CCE exige cambios y el Instituto responde con acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO.– La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), aprobada por el Congreso de la Unión el 21 de febrero de 2025, abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial. A más de un año de su entrada en vigor, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) impulsa una nueva modificación al marco legal, mientras el Instituto sostiene que los cambios fortalecieron la transparencia y la rendición de cuentas.

La reforma homologó el esquema de gobierno corporativo del INFONAVIT con el del Instituto Mexicano del Seguro Social, mantuvo el principio de tripartismo entre gobierno, trabajadores y empresarios, eliminó las direcciones sectoriales que carecían de funciones sustantivas y permitió que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizara los recursos administrados por el organismo.

Sin embargo, el presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, afirmó que la modificación legal concentró mayores atribuciones en la Dirección General del Instituto y redujo los contrapesos internos. En declaraciones publicadas por El CEO, sostuvo que la nueva estructura debilitó los mecanismos de supervisión y transparencia, además de limitar la participación efectiva de las dependencias federales y de los representantes empresariales en los órganos de gobierno.

El dirigente empresarial propuso impulsar una nueva reforma para fortalecer la gobernanza del Instituto, revisar la integración de los comités auxiliares y garantizar que organismos como CONCAMIN, COPARMEX y CONCANACO tengan representación en todos ellos. También expresó preocupación por el comportamiento de la cartera de créditos y cuestionó el regreso del INFONAVIT a la construcción de vivienda, al advertir que podrían incrementarse los costos si no existen controles suficientes.

La respuesta del Instituto llegó este martes mediante un posicionamiento oficial en el que rechazó los señalamientos del CCE y aseguró que las críticas provienen de un sector empresarial que busca regresar a esquemas anteriores de operación. El organismo sostuvo que la reforma fortaleció el control de los recursos de los trabajadores y consolidó mecanismos de fiscalización inexistentes en administraciones pasadas.

El INFONAVIT también respondió con señalamientos directos sobre decisiones tomadas durante la etapa en que Medina Mora formó parte del Consejo de Administración. Indicó que en ese periodo fueron autorizados 505 proyectos de vivienda bajo el esquema de Línea III, de los cuales 340 fueron promovidos por el sector empresarial. Según el Instituto, esos desarrollos dejaron a 2 mil 910 derechohabientes sin recibir su vivienda y provocaron una afectación patrimonial estimada en mil 925 millones de pesos.

En materia financiera, el organismo rechazó que exista un deterioro de su cartera vencida. Explicó que una observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitió corregir el registro de créditos vencidos derivados del programa Flexipago y afirmó que, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la cartera vencida disminuyó del 29 al 27 por ciento. Añadió que la reestructuración de créditos impagables incrementó los ingresos mensuales del Instituto en un promedio de 436 millones de pesos.

El intercambio de posturas coloca nuevamente en el centro del debate el modelo de gobierno del INFONAVIT y el manejo de los recursos de los trabajadores. Mientras el sector empresarial insiste en revisar la reforma para recuperar contrapesos institucionales, el Instituto sostiene que los cambios aprobados por el Congreso representan un avance en materia de transparencia, supervisión y rendición de cuentas.