Quitaron el examen, prometieron un lugar y miles quedaron fuera: crisis por ingreso a preparatorias en BC

TIJUANA, B.C., AGOSTO DE 2026.- Baja California eliminó el examen de admisión a preparatoria bajo la promesa de construir un sistema más equitativo. Meses después, padres denuncian que estudiantes con promedios sobresalientes quedaron sin plantel y las autoridades buscan dónde colocar a miles de jóvenes que no obtuvieron espacio entre las opciones seleccionadas.

El problema coloca bajo cuestionamiento no sólo la implementación del nuevo mecanismo, sino una decisión educativa de fondo: el Estado eliminó una herramienta de competencia académica y trasladó a un algoritmo parte de la decisión sobre el futuro escolar de decenas de miles de adolescentes.

Para el ciclo 2026-2027, Baja California se incorporó a la estrategia nacional "Mi Derecho, Mi Lugar". La Secretaría de Educación estatal confirmó que ya no habría examen de admisión y que los estudiantes seleccionarían tres planteles para que un algoritmo realizara la asignación considerando sus preferencias y desempeño académico.

La autoridad estimó inicialmente que alrededor del 85% de más de 53 mil aspirantes conseguiría ingresar a alguna de las escuelas de su preferencia.

La realidad posterior abrió otro escenario.

DE COMPETIR POR UN ESPACIO A ESPERAR LA DECISIÓN DE UN ALGORITMO

Hasta el ciclo anterior, un estudiante podía prepararse, presentar un examen y competir académicamente por ingresar a determinados planteles.

En 2026 esa evaluación desapareció.

El nuevo esquema estableció que un programa informático procesaría las opciones de los aspirantes. El subsecretario de Educación Media Superior, Alejandro Rosales Sotelo, explicó en mayo que el objetivo era conseguir que el mayor número de estudiantes quedara en su primera elección y aseguró que el algoritmo no asignaría una escuela que el joven no hubiera seleccionado.

La decisión plantea una discusión educativa que va más allá de encontrar un pupitre.

Eliminar la evaluación no elimina las diferencias de desempeño académico ni la competencia por los planteles de mayor demanda.

Lo que cambia es el mecanismo para resolver esa competencia.

El examen permitía al estudiante incidir directamente en sus posibilidades mediante preparación y resultados. Con el nuevo modelo, la asignación depende de criterios incorporados a un sistema automatizado y de la disponibilidad de espacios.

Canal 66 advirtió desde mayo que el cambio abría interrogantes sobre la transparencia del algoritmo utilizado para decidir la distribución de los aspirantes.

ALUMNOS SOBRESALIENTES TAMBIÉN QUEDARON EN LA INCERTIDUMBRE

El conflicto escaló cuando comenzaron a conocerse testimonios de familias.

Padres denunciaron que el nuevo modelo dejó sin preparatoria a estudiantes con altos promedios, pese a su desempeño durante secundaria. Uniradio documentó expresamente las inconformidades de familias cuyos hijos sobresalieron académicamente pero no obtuvieron la asignación esperada.

En redes sociales también han circulado testimonios de padres que aseguran que jóvenes con promedio de 10 quedaron sin plantel.

Esas afirmaciones corresponden a testimonios familiares y requieren revisión individual de cada expediente, pero abren una pregunta que la autoridad educativa debe responder:

¿Cómo puede un sistema diseñado para considerar el desempeño académico dejar sin asignación inicial a estudiantes con los máximos promedios?

CASI 55 MIL ASPIRANTES

La dimensión del proceso vuelve imposible reducir el problema a casos aislados.

Para el ciclo 2026-2027 se registraron casi 55 mil aspirantes en Baja California.

De ellos, 52 mil 461 eran estudiantes que terminaron tercero de secundaria en el estado y contaban con folio y clave; otros 2 mil 450 provenían de otras entidades o del extranjero.

La demanda se concentró especialmente en planteles como la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y Cobach Nueva Tijuana, en Tijuana.

El problema no terminó con la publicación de resultados.

Más de 3 mil estudiantes permanecieron sin un espacio después del proceso inicial, según información difundida posteriormente sobre las acciones de la Secretaría de Educación.

LA PROMESA ERA QUE NADIE QUEDARA FUERA

Ahí aparece una de las mayores contradicciones del proceso.

Cuando se anunció el cambio, la propia Secretaría de Educación sostuvo que, descontando a quienes optarían por escuelas privadas, debía garantizarse un espacio en el sistema público para los jóvenes restantes.

La estrategia federal también fue presentada como un modelo orientado precisamente a garantizar el derecho a estudiar.

La SEP calificó "Mi Derecho, Mi Lugar" como un esquema más justo e incluyente y anunció un periodo extraordinario para atender a quienes no obtuvieran espacio durante el procedimiento ordinario.

Sin embargo, en Baja California la primera asignación terminó con miles de estudiantes pendientes de ubicación.

La diferencia es sustancial: garantizar eventualmente algún lugar no significa garantizar que el mecanismo inicial funcionó como fue presentado.

AHORA BUSCAN PREPARATORIAS DONDE HABÍA SECUNDARIAS

La dimensión del rezago obligó a buscar alternativas extraordinarias.

El Gobierno estatal planteó reconvertir 10 secundarias en preparatorias para atender la demanda de jóvenes que quedaron sin espacio entre sus tres opciones seleccionadas.

La medida confirma además que detrás del conflicto con el algoritmo existe un segundo problema: Baja California enfrenta una presión de infraestructura educativa que el cambio del mecanismo de ingreso no podía resolver por sí mismo.

Tijuana concentra parte importante de esa presión.

En junio, el Gobierno Federal inauguró el CBTIS 290 en la ciudad, con capacidad para 540 alumnos por turno y una inversión de 66.5 millones de pesos, dentro de la estrategia nacional para ampliar la cobertura de educación media superior.

Aun con nueva infraestructura, miles quedaron pendientes de ubicación después de la primera asignación.

QUITAR EL EXAMEN NO CREÓ UN SOLO PUPITRE

Ese es uno de los puntos centrales del conflicto.

Modificar el procedimiento de ingreso puede cambiar quién obtiene determinado espacio, pero no aumenta por sí mismo el número de aulas, maestros o lugares disponibles.

La eliminación del examen fue presentada como una medida para reducir barreras y avanzar hacia un acceso más equitativo.

Pero cuando existen más aspirantes para determinados planteles que espacios disponibles, la competencia no desaparece.

Solamente cambia la forma en que el Gobierno decide quién entra.

Y en esa transición, estudiantes que durante tres años construyeron expedientes académicos sobresalientes hoy forman parte de las familias que exigen explicaciones.

EL COSTO PUEDE PAGARLO UNA GENERACIÓN

El problema no se limita a una inscripción tardía.

Para un adolescente que acaba de terminar secundaria, quedarse sin plantel, ser enviado a una opción que no corresponde con sus expectativas o permanecer semanas esperando una reasignación puede alterar su trayectoria educativa.

Por eso la discusión no debería reducirse a defender o atacar un examen.

El cuestionamiento es si el Gobierno de Baja California tenía infraestructura suficiente, reglas transparentes, mecanismos de contingencia y capacidad operativa antes de modificar un procedimiento que involucraría a casi 55 mil jóvenes.

La autoridad deberá explicar también cuáles fueron exactamente los criterios utilizados por el algoritmo, cuántos estudiantes con promedios de 9.5 a 10 quedaron sin alguna de sus opciones, cuántas asignaciones fueron impugnadas y cuántos jóvenes siguen actualmente sin plantel.

Porque eliminar una evaluación bajo el argumento de garantizar derechos exige algo más que sustituir una prueba por un programa informático.

Exige que el nuevo sistema funcione.

Y mientras existan miles de jóvenes esperando un lugar y familias de estudiantes sobresalientes denunciando inconsistencias, el proceso de ingreso 2026-2027 seguirá dejando una pregunta sobre la mesa:

¿Se eliminó una barrera educativa o simplemente se sustituyó la competencia académica por un mecanismo que el Gobierno no estaba preparado para operar frente a la demanda real de Baja California?