MEXICALI.- El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California hizo público un pronunciamiento en el que solicita la separación inmediata del cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, además del inicio de un juicio político en el Congreso del Estado y de las investigaciones que correspondan.

En el documento, firmado por la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, y el secretario general, Jesús Alejandro Cota Montes, el partido sostiene que la permanencia de la mandataria al frente del Poder Ejecutivo estatal ha generado una pérdida de confianza institucional y ciudadana.

El PAN argumenta que recientes declaraciones atribuidas a la gobernadora sobre un supuesto intercambio de información relacionada con temas de seguridad, así como referencias a una posible solicitud de extradición hacia Estados Unidos, son elementos que, a su consideración, comprometen las condiciones necesarias para continuar al frente del Gobierno del Estado.

El posicionamiento también señala que dichas expresiones representarían una afectación a la soberanía nacional al referirse a información en materia de seguridad compartida con personas cuya identidad, según el propio documento, no habría sido acreditada.

Asimismo, el partido sostiene que Baja California requiere condiciones de estabilidad institucional y afirma que la titular del Ejecutivo estatal enfrenta un contexto que ha deteriorado la confianza pública en su administración.

En otro de los puntos del pronunciamiento, Acción Nacional señala que han transcurrido más de 400 días sin que la gobernadora cuente con un documento migratorio que, según el partido, resulta relevante para la relación bilateral entre Baja California y Estados Unidos.

Como parte de sus exigencias, el PAN solicita formalmente la separación inmediata de Marina del Pilar Ávila Olmeda del cargo, el inicio del procedimiento de juicio político en el Congreso del Estado y la realización de las investigaciones que determinen las autoridades competentes.

El documento concluye con un llamado a las autoridades correspondientes para que actúen conforme a sus atribuciones y revisen los hechos señalados en el posicionamiento emitido por la dirigencia estatal del partido.