Ordenan ingreso de Ernesto Ruffo al Altiplano por caso de presunto contrabando de hidrocarburos
Juez impone medida cautelar tras una audiencia que se prolongó por más de un día; la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.
- La FGR imputó a ocho personas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
- Cinco de los imputados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", mientras continúa el proceso penal.
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dentro de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con el comunicado 455/26 de la FGR, la resolución fue emitida luego de una audiencia que se extendió por más de un día, en la que el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba y formuló imputación contra ocho personas.
La autoridad informó que Ernesto "N", Ricardo "N", José "N", Juan "N" y Luis "N" deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", ubicado en el Estado de México.
En el mismo procedimiento, José María "N" y Guillermo "N" permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana "N" fue enviada al Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Al concluir el debate entre las partes, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que sea definida su situación jurídica en la siguiente etapa del proceso.
La Fiscalía señaló que la investigación se deriva de presuntas operaciones irregulares relacionadas con la importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, realizadas, según la imputación, mediante un esquema de contrabando de hidrocarburos.
Según la FGR, el mecanismo investigado consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando volúmenes menores a los realmente transportados o declarando mercancías distintas para evadir el pago de impuestos.
La dependencia sostuvo que estas conductas generan una afectación económica al Estado y, de acuerdo con la investigación ministerial, representan una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
La FGR precisó que todas las personas imputadas mantienen la presunción de inocencia y que su responsabilidad penal únicamente podrá establecerse mediante una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
