Octavio de la Torre: 96% de las extorsiones permanecían sin denunciar; nueva ley busca romper la cifra negra

ENSENADA.– El presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre de Stéffano, afirmó que la extorsión registraba una cifra negra del 96 por ciento debido al temor de las víctimas a denunciar, por lo que impulsó una reforma legal para que el delito sea perseguido de oficio en todo el país y existan mayores mecanismos de protección para los denunciantes.

Explicó que el fenómeno fue planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum desde noviembre de 2024, cuando la organización presentó un análisis sobre el crecimiento de este delito y advirtió que la mayoría de los casos no llegaban a las autoridades porque quienes eran víctimas temían sufrir represalias.

Indicó que anteriormente la persecución penal dependía de que el denunciante mantuviera activa la querella, lo que dejaba expuestas a las personas afectadas. Con la nueva legislación, precisó, la autoridad podrá iniciar y continuar las investigaciones de oficio, sin que la víctima tenga que sostener el proceso.

De la Torre de Stéffano señaló que la Ley General contra la Extorsión incorpora denuncia anónima, testigos protegidos, penas más severas para servidores públicos que colaboren con grupos delictivos y nuevas modalidades del delito para ampliar el alcance de la persecución penal.

Añadió que el análisis realizado por el organismo empresarial identificó como principales modalidades la extorsión telefónica, el cobro de piso, el denominado derecho de paso y el llamado impuesto criminal, prácticas que, dijo, ya afectan directamente las cadenas de producción y comercialización en distintas regiones del país.

Precisó que el impacto económico de estos delitos llegó al punto de incorporarse a los costos de operación de algunos negocios, lo que terminó reflejándose en incrementos de precios al consumidor, ante el riesgo que enfrentaban comerciantes y productores de sufrir agresiones o perder su patrimonio.

El dirigente empresarial sostuvo que la estrategia nacional contempla que las denuncias presentadas mediante el número 089 sean canalizadas a una unidad especializada de inteligencia con sede nacional, con el propósito de proteger el anonimato de quienes denuncian, particularmente en las entidades fronterizas.

Informó que actualmente el 63 por ciento de las entidades federativas ya realizaron las adecuaciones necesarias para armonizar sus legislaciones con la ley general, mientras que Sonora y Zacatecas aún no han efectuado reformas y otro grupo de estados mantiene las iniciativas pendientes de aprobación en sus congresos locales.

En el caso de Baja California, indicó que el estado ya armonizó su legislación y participa en un esquema de coordinación entre autoridades, empresarios, academia y sociedad civil para promover la denuncia anónima y fortalecer las acciones de prevención y combate a la extorsión.

Finalmente, Octavio de la Torre de Stéffano afirmó que reducir este delito requiere la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno, el sector productivo y la ciudadanía, al considerar que la denuncia y la coordinación institucional son elementos fundamentales para disminuir un fenómeno que afecta la seguridad de las personas y el desarrollo de la actividad económica.