INE solicita revisión de una década de contratos ante irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de sus contrataciones durante los últimos diez años, en respuesta a señalamientos y revisiones relacionados con el manejo de adquisiciones institucionales.

La determinación fue aprobada por el Consejo General del organismo e incluye una serie de medidas extraordinarias para fortalecer los controles administrativos, preservar documentación y establecer mecanismos de denuncia ante posibles irregularidades.

La revisión abarcará el periodo comprendido entre 2016 y 2026, incluyendo adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Sin embargo, corresponderá exclusivamente a la ASF definir el alcance de la fiscalización, los contratos que serán examinados y los procedimientos aplicables.

Durante la discusión, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan sostuvo que la fiscalización debe realizarse bajo una premisa fundamental: "no quede nada sin revisar". La funcionaria señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y recibir explicaciones verificables sobre las decisiones administrativas del Instituto.

Humphrey también planteó la necesidad de modificar las prácticas de contratación y reducir el uso de mecanismos que limitan la competencia entre proveedores. "Necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas", expresó. La consejera consideró indispensable impulsar cambios de fondo en la administración electoral, particularmente en los procedimientos de adquisición y supervisión del gasto.

Uno de los posicionamientos más severos fue el del consejero Arturo Castillo Loza, quien describió la situación como "la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución". Castillo respaldó las medidas extraordinarias para identificar riesgos de corrupción, fortalecer los controles internos y presentar las denuncias que legalmente correspondan.

Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para valorar las diligencias necesarias y la eventual aplicación de las disposiciones constitucionales relacionadas con delitos de corrupción.

El acuerdo contempla preservar de manera inmediata los expedientes físicos y electrónicos vinculados con contrataciones, integrar un inventario institucional de adquisiciones y revisar el padrón de proveedores. También se propone habilitar mecanismos para recibir información sobre posibles irregularidades y facilitar la colaboración con las autoridades fiscalizadoras.

Paralelamente, el Consejo General aprobó elaborar un Plan de Acción Crítico para garantizar que las revisiones administrativas no interrumpan las contrataciones necesarias para organizar el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027. El objetivo es mantener la operación institucional mientras se fortalecen los mecanismos de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos.

El INE precisó que cualquier determinación sobre responsabilidades administrativas o posibles delitos deberá sustentarse en los procedimientos establecidos por la ley, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. La solicitud de revisión tampoco constituye, por sí misma, una confirmación de actos de corrupción.